329 informes psicosociales en materia de Familia están pendientes solo en los juzgados de Valencia capital

Un niño de espaldas

Los juzgados de Familia de Valencia tenían al cierre del primer semestre de este año más de 300 informes psicosociales pendientes. El dato fue ofrecido por el decano de los juzgados del partido judicial de Valencia, el Ilmo. Magistrado D. Pedro Viguer, que en nota de prensa emitida a finales de julio por el Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Valenciana reclamó medios “para una verdadera agilización de la justicia”. Una noticia del diario Las Provincias del 25 de agosto concreta la cifra en 329 informes pendientes.

La Asociación Valenciana de Peritos del Turno de Intervención en Psicología Forense (AVAP-TIPF) coincide plenamente con la reivindicación del decano de los juzgados del partido judicial de Valencia: es difícil impartir justicia si ésta tiene que demorarse tanto. La cuestión es cómo solucionar un problema que ocurre desde hace tantos años, con un sistema que se ha mostrado ineficaz y que establece procedimientos tan diferentes para realizar un informe psicosocial en los juzgados de familia de las tres capitales de provincia frente a los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de los restantes partidos judiciales:

– Inevitablemente la primera cuestión a debatir es la discriminación positiva que supone contar con equipos psicosociales de técnicos en plantilla para los juzgados de las tres capitales de provincia, frente a ningún otro en el resto de juzgados de la Comunidad Valenciana que deben recurrir al Turno de oficio o a otros listados de Psicólogos Forenses. La discriminación es más ostensible en lo que respecta a las periciales “de pago” que debe costear el usuario. Y es que a pesar que la ley regula la posibilidad de acceder a la justicia gratuita sólo a aquellos ciudadanos con bajos ingresos económicos, en partidos judiciales como el de Valencia el usuario puede acceder a un informe psicosocial de forma gratuita sea cual sea su renta, llegándose a la paradoja de usuarios que contratan los servicios del abogado más caro posible, pero es la Administración quien costea el informe psicosocial que éstos solicitan, mientras el usuario que vive fuera de la capital debe costearse su propio informe en igualdad de renta. La polémica está servida.

– Consecuentemente, cada vez son más los jueces de otros partidos judiciales que intentan compensar esta discriminación positiva que favorece a la capital, solicitando ellos mismos el informe psicosocial para que éste pase a tener la consideración de “coste social” aunque ninguna de las partes implicadas sea beneficiaria de justicia gratuita, asumiendo de nuevo la Administración su coste, es decir todos los ciudadanos, y ninguneando con ello la labor del perito. Ello produce una nueva discriminación si bien esta vez a favor de estos partidos judiciales, pues el Turno de oficio en Valencia cuenta con alrededor de 135 peritos psicólogos, frente a los escaso número de técnicos que el Equipo Psicosocial de la Ciudad de la Justicia de Valencia tiene en plantilla, lo que en la práctica supone reducir en estos partidos judiciales la demora actual de un año de media de estos equipos, a tan solo dos o tres meses.

– Todo ello abre el debate de hasta qué punto debe correr a cuenta del erario público un servicio como el de la evaluación de la situación familiar mediante informes psicosociales en el caso de usuarios que pueden costeárselo por sí mismos, y que de hecho van a costear sus propios letrado y procurador, e incluso otros informes psicosociales alternativos para el caso que se realice de oficio no les beneficie, y más aún en tiempos de crisis económica.

– Por otro lado, no existe un procedimiento unívoco para designar al perito que debe elaborar un informe psicosocial “de pago”. La ley deja al libre albedrío de cada juzgado la posibilidad de designar a peritos de cualquier lista, por lo que unos juzgados recurren al turno de oficio y otros a listados alternativos sin la suficiente transparencia en ninguno de ambos casos, lo que puede generar susceptibilidades entre los propios peritos, usuarios y letrados, al posibilitar diversos tipos de tratos de favor. A esta discriminación se añade que la proporción de informes de oficio frente a los informes de pago ha pasado a superar con creces los 10 a 1 en la actualidad, con una exigua remuneración por cada informe de oficio (90 € o 150€ según la complejidad y la especial dedicación requerida), lo que conlleva el abandono del Turno de oficio por hartazgo de muchos profesionales con experiencia, y que muchos informes pueden ser asumidos en por peritos sin formación ni la experiencia que pueden tratar de adquirir en el propio Turno de oficio, sin supervisión alguna, pero cuya opinión puede ser decisiva para el futuro de muchas familias y el desarrollo psicosocial de sus hijos que se encuentran en situación de vulnerabilidad por la separación de sus padres.

Tampoco existe un sistema unívoco de honorarios del coste para el usuario que solicita un informe psicosocial judicialmente, pudiendo variar en casi el doble su cuantía según el perito. Una situación que muchos usuarios pueden considerar realmente injusta dado que no se trata de un servicio que el usuario contrata de forma privada con el perito y pueden acordar su coste, sino que se realiza a través del juzgado para asegurar la necesaria neutralidad del proceso. Lo que además dilata el proceso judicial en al menos dos semanas más, al requerir la aceptación previa por parte del usuario de la provisión de fondos que el perito solicite.

Desde hace meses AVAP-TIPF ha trasladado a las diferentes sedes de los juzgados y decanatos así como a otras Instituciones relacionadas con la Justicia, su preocupación acerca de estas problemáticas, ofreciendo diversas soluciones que no requieren gravar más aún al erario público, y que pueden beneficiar a todas las partes implicadas (ciudadanos, Administración, juzgados y peritos), resolviendo en la medida de lo posible estas discriminaciones. Sin embargo la actual situación, tal y como está regulada, no permite implantar muchas de ellas, relegando los informes psicosociales a un marco organizativo que lleva años mostrándose claramente ineficaz.

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